El Ministerio Público apeló este lunes la decisión del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que otorgó libertad condicional a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, al considerar que la medida no corresponde con la gravedad del caso Jet Set, en el que fallecieron 235 personas y más de 180 resultaron heridas tras el colapso del techo de la discoteca, ocurrido el pasado 8 de abril.
Ambos están imputados por homicidio involuntario y por causar golpes y heridas involuntarias. El pasado 19 de junio, la jueza Fátima Veloz impuso como medida de coerción una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La apelación fue depositada por el fiscal Emmanuel Ramírez ante la secretaría del tribunal, y está firmada por el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo.
El fiscal Ramírez explicó que el Ministerio Público no está de acuerdo con las medidas dictadas por la jueza, ya que las considera desproporcionadas frente a los hechos que se imputan a los propietarios del Jet Set. Además, sostuvo que estas no garantizan la integridad del proceso, especialmente en lo que respecta a la posible intimidación de testigos.
En ese sentido, el órgano acusador solicitó a la Corte de Apelación que se imponga prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel, por considerar que esas medidas son las más adecuadas para asegurar el curso de la investigación.
La solicitud de una medida menos restrictiva para Maribel Espaillat obedece, según el Ministerio Público, a que su grado de responsabilidad operativa era menor que el de su hermano, quien fungía como principal gerente del establecimiento y tenía mayor control sobre la administración del negocio.
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