Fue aplazada para el próximo martes a las 9 de la mañana la audiencia de conocimiento de medidas de coerción contra ocho personas y una empresa imputadas de integrar una supuesta red criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad, desmantelada en operativos simultáneos realizados en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, por la gravedad de los hechos y el nivel de organización del grupo, cuyos miembros habrían sustraído fondos de manera ilícita mediante acceso fraudulento a cuentas bancarias de múltiples víctimas.
El aplazamiento se produjo a solicitud de los abogados de la defensa, quienes pidieron tiempo adicional para preparar sus presupuestos.
Entre los imputados figuran Fredery García Ortiz, señalado como cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, SRL; su pareja María Carolina Durán Tavárez, Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango). También fue imputada la persona jurídica Decoral Muebles y Más, SRL, utilizada presuntamente como fachada para las actividades delictivas.
La solicitud fue depositada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, con apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (DICAT).
Modus operandi y pruebas
La investigación se inició tras denuncias presentadas por clientes de una entidad bancaria nacional. Los imputados accedían de forma ilícita a cuentas bancarias, realizaban transferencias a cuentas propias y retiraban el dinero en cajeros automáticos y ventanillas.
Durante el operativo se realizaron 34 allanamientos simultáneos, con la participación de 40 fiscales y más de 200 agentes del DICAT, en los que se incautaron dispositivos electrónicos, libretas bancarias, documentos de identidad, sustancias controladas, vehículos y bienes adquiridos con fondos ilícitos.
Los hechos fueron calificados por el Ministerio Público como violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal, así como a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público afirma contar con pruebas que vinculan directamente a los imputados con el esquema delictivo, evidenciando una estructura criminal con capacidad operativa, organización y recursos.
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